El Fin del Proceso

 

 

"El Fin del Proceso"

"Cultura Argentina Contemporánea"

1.       El Fin del Proceso

2.        Bibliografía

 

El Fin del Proceso

El 2 de Abril de 1982 se concretó la decisión de recuperar las Islas Malvinas por la . Las consecuencias de dicha decisión, como se sabe, encauzaron su ulterior desarrollo a la derrota de la Argentina; agravando problemas en lugar de solucionarlos. Aun así tamaña catástrofe, busca su justificativo en algunas de las marcas que dejó en el pueblo argentino, cuando éste tomó conciencia de que la guerra se había librado por voluntad de unos pocos, que no querían reconocer su culpa.
Quedó claro que un gobierno que no admite la opinión popular así como, y pedido de rendición de cuentas tampoco permite como consecuencia prevenir imprudencias, castigar fallas, etc. A esto sumemos, que la gente había sido engañada con la manipulación de los medios masivos, y la gobernación defraudada, por Estados Unidos, quien no se mostró neutral, apoyando a Inglaterra. Argentina pidió elecciones. El año 1982 marcó el fin del proceso.
Ahora bien: es conveniente un rápido cuadro de la situación planteada en la Argentina de ese año.
Lo más ostensible: la rendición de las tropas a Malvinas impone al gobierno un plazo de finalización con lo cual la única forma de justificar su continuidad era la convocatoria a elecciones. La derrota fue sólo un hecho desencadenante. El descalabro económico, la represión fuera de la ley y la parálisis política hicieron inviable el sistema de gobierno.
El proceso iniciado en 1976, fue apoyado por una minoría asalariada, y fundado sobre la fuerza de las armas. Argentina de sentía defraudada por el gobierno y fue indiferente a su derrocamiento pero nadie imaginaba lo que sucedería después.
La pretensión de cambiar profundamente el funcionamiento de la economía argentina, más allá de lo que se proponía alcanzar incluía, una abrupta transferencia de industrias en perjuicio de los asalariados. La brusca degradación de las condiciones de vida de amplios sectores de la población podía ser aceptado, por las fuerzas armadas como un mal necesario. Era evidente, sin embargo, la necesidad de tomar graves disposiciones para neutralizar el descontento que se suscitaría.
Por un lado, se prohibieron las actividades políticas y se desmantelaron las organizaciones sociales, - como los sindicatos - , a través de los cuales podría canalizarse ese descontento. Las medidas fueron justificadas responsabilizando a los partidos políticos, a los sindicatos y al conjunto de instituciones que encuadraban su funcionamiento, por la situación previa creada en la Argentina.
Paralelamente y aduciendo la necesidad de terminar con la subversión, se amplió en gran escala y se extrajo de todo marco legal la representación iniciada, precisamente por el gobierno anterior, lo cual generó un clima de temor generalizado, susceptible de inhibir toda protesta, como complemento indispensable a todas estas acciones, se instauró un rígido control sobre los medios de difusión y las demás formas de comunicación social, imponiendo una fuerte censura - y estimulando una no menos activa autocensura - a la publicación de informaciones y a la formulación de críticas de cualquier índole.
La política económica generó crisis y empobrecimiento, el descontento social no fue momentáneo, sino permanente y cada vez más general, mientras que las disposiciones tomadas para neutralizarlo terminaron por ahondarlo hasta límites inimaginables. LA gravedad de lo que se había hecho, particularmente en la represión, impidió al gobierno reacomodarse jurídicamente a fin de intentar un nuevo ensayo, ya que, para modificar el rumbo fijado por Martínez de Hoz era obtener el apoyo de los sectores que el mismo régimen había castigado con dureza y frente a los cuales había perdido, por eso, toda legitimidad.
Sobre ese telón de fondo las medidas tomadas para neutralizar el mal popular, tuvieron consecuencias adicionales que encerraron aun más al régimen dentro de un callejón sin salida. Ciertamente la prohibición de las actividades políticas, la represión y la censura permitieron acallar la protesta social por varios años. Pero de manera simétrica, estas acciones también destruyeron todas las formas y mecanismos de control que, normalmente, ejerce una sociedad sobre el gobierno. Así, se produjeron desbordes en el ejercicio del poder, que tuvieron también efectos nefastos.
La experiencia histórica demuestra que en otros países, como una vez que se le concede a alguien el poder secreto de decidir sobre la vida y la muerte de los demás, luego es más difícil ponerle límites y despojarlo de esas facultades.
Un segundo efecto deleznable, fue la generalización de la corrupción. Una arbitrariedad en el manejo de los asuntos públicos, puede aprovecharse sin límites para el logro de beneficios personales. Incluso el límite entre lo político, lo público y lo personal, termina por borrarse, generándose un ambiente propicio para el florecimiento de organizaciones como la P2, cuya presencia en Argentina ha sido sistemáticamente ocultada.
La misma arbitrariedad que favoreció la corrupción personal tuvo consecuencias aun mayores en la conducción de asuntos públicos, entre ellos la más notoria es la prepotencia y la irresponsabilidad con la que se tomaron decisiones que afectan la vida de una nación y su ejemplo más claro fue la recuperación de las Malvinas.
¿Cómo se combinaron todas éstas circunstancias para ahondar la inviabilidad del régimen militar?
Inicialmente, la política de Martínez de Hoz castigó a los asalariados, pero luego, la crisis económica afectó a casi toda la población, mientras la especulación generaba un verdadero caos y una incertidumbre permanente. De ésta manera, el malestar social fue creciendo y con él, una sucesión de conflictos cada vez más generalizados y profundos. Comprometido con la represión que había desatado; jaqueado y chantajeado por los mismos grupos económicos privilegiados que lo habían apoyado, al mismo tiempo que aprovechaban el poder del Estado para construir su propio poder, el régimen militar sólo atinó a persistir en la política económica adoptada desde un nombre y si bien continuó la fuerza de las armas, poco a poco ésta fuerza fue insuficiente para neutralizar la protesta y obligar a que fueran aceptadas las soluciones que proponía para los conflictos.
Poco a poco el poder omnimodo que se concedió a si mismo se vio, no solo como la condición necesaria para producir grandes cambios en el país, sino como fuente de una profunda arbitrariedad, que generaba corrupción, irresponsabilidad y aventurismo.
El ejercicio de una represión fuera de los marcos y procedimientos legales así como el control y la censura, impuestos sobre los medios de comunicación y información, fueron percibidos, cada vez menos, como procedimientos extraordinarios para suprimir la subversión y, cada vez más, como mecanismos perversos para impedir la protesta justificada de la población. La prohibición de las actividades políticas, el desmantelamiento de los sindicatos y las instituciones que permiten la participación social y política de la ciudadanía, no pudieron ser mantenidos aduciendo que habían conducido al caos, ya que todos comprobaban que el gobierno, que había tomado esas medidas, terminó llevando a la Argentina a un caos mucho mayor.
La ilegitimidad, que el régimen supo ganarse ante los ojos de la población, excluyó toda posibilidad de que se perpetuara cambiando el contenido de su política porque lo que quedó en tela de juicio no sólo lo que fue o lo que hizo – es decir, la obra de un gobierno – sino también, y sobre todo cómo lo hizo – es decir la naturaleza del régimen - . El final del año 1982 nos ofreció, así, el espectáculo de un régimen se atribuyó todo el poder, y que perdura gracias a la promesa de dejar de serlo.
En octubre de 1983, constituye una nota sobresaliente el énfasis que los funcionarios oficiales y los medios de comunicación masiva, controlados por el gobierno, pusieron en la importancia de la constitución de la democracia y del derecho.
Durante los últimos siete años, las cosas no fueron así, ya que el derecho estuvo, virtualmente en suspenso.
La Constitución fue alterada, no sólo por las normas expresas de un estatuto y sus numerosas modificaciones, sino, de modo implícito, mediante el ejercicio discrecional del poder. Los derechos fundamentales fueron afectados por un estado de sitio permanente, durante el cual numerosas personas estuvieron, y aun siguen estando, detenidas indefinidamente, sin expresión de las causas, sin proceso y sin condena formal. Miles de personas desaparecieron y muchas otras aparecieron muertas sin que el Estado haya podido garantizar la seguridad y la vida de los habitantes. Ninguno de los actos políticos fundamentales, previstos en los instrumentos que se dio el propio proceso, fue decidido según las normas previstas: ni la sucesión presidencial, ni el dictado de la leyes ordinarias, ni la organización del poder. El país fue llevado al borde de la anarquía cuando dos de las tres fuerzas armadas que detentaban el poder se apartaron de la conducción política y proclamaron su virtual autonomía. Desapareció la unidad de mando militar y la figura presidencial perdió atribuciones, creándose difusas líneas jerárquicas que deterioraron la eficiencia y deterioraron la autoridad, que el propio gobierno consideraba por definición como una de sus aspiraciones fundamentales. La junta militar invocó a sus poderes de facto, y se consideró responsable sólo ante Dios y ante la historia, es decir , por encima del ordenamiento jurídico.
El derecho, en fin pasó a un plano secundario, en el cual rigió las relaciones entre particulares, pero dejó de impregnar la actividad pública.
El mismo régimen que actuó de ésta manera recordó sorpresivamente, sacudido por la derrota de Malvinas, que la democracia era uno de sus objetivos y convocó a elecciones. Aun así no garantizó en absoluto la seguridad individual.
Diversos hechos importantes habían ocurrido a diciembre de 1983, pero hay uno cuya significación, posibilidades y consecuencias lo convierten en predominante para toda una época: la realización de elecciones generales con normalidad y limpieza.
Debe saludarse pues, la finalización del que en su momento se autodenominó: "PROCESO DE REORGANIZACIÓN NACIONAL" aunque este final haya dejado al país al borde mismo de la desorganización, del desastre económico y del conflicto social.
Ganó la democracia, esto es innegable, pero hubo derrotados, ya que de otro modo las elecciones carecerían de la significación que se les reconoce; porque hubo elecciones frente a quienes no las querían; ganó, y esto no debemos dejar de decirlo, porque se impuso una propuesta que propició a democratizar la sociedad, subordinar el poder militar, someter el poder económico y romper la alianza de ciertos dirigentes civiles con ciertos grupos militares.
Ganó, pero no porque no tenga enemigos, Si ganó es precisamente frente a estos. El poder legítimo cuenta desde hoy con una fuerza incuestionable, pero es una fuerza política y moral. Su tarea consistirá en obtener, a través de ella, la fuente de poder concreto para que, cumpliendo con la propuesta consagrada por la mayoría, la economía quede al servicio del hombre y las armas sirvan para protegerlo.
Bibliografía
Comentarios, desarrollo y adaptación de uan publicación del CISEA (Centro de Investigaciones Sociales sobre el Estado y la Administración, denominado "CUADERNOS DEL BIMESTRE" se presume, autores varios. Denominación: "DEL COLAPSO MILITAR AL TRIUNFO DE ALFONSÍN" Claves de dieciocho meses de transición política.(sic)
EX LIBRIS: BIBLIOTECA CARLOS CASADO, CASILDA, STA. FE
 

Silvana Pasquali

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