Principales responsables

Instauración del gobierno de facto y su accionar. Situación social, política y económica. 
 

Principales responsables:

El 24 de marzo asumen Videla ( ejército), Massera ( armada), Agosti (fuerza aérea).

El 26 es designado Videla como presidente

Lo reemplaza Viola y a este le sigue Galtieri quien luego sería reemplazado por Bignone.

El 24 de marzo de 1976 asumió el mando la Junta Militar, formada por los comandantes de las tres Armas, que designó presidente al general Jorge Rafael Videla, comandante del Ejército.

Con el llamado Proceso de Reorganización Nacional, las Fuerzas Armadas se propusieron primariamente restablecer el orden, lo que significaba recuperar el monopolio del ejercicio de la fuerza, desarmar a los grupos clandestinos que ejecutaban acciones terroristas amparados desde el Estado y vencer militarmente a las dos grandes organizaciones guerrilleras: el ERP y Montoneros. La primera desapareció rápidamente, mientras que Montoneros logró salvar una parte de su organización que, muy debilitada, siguió operando desde el exilio. Pero además, en la concepción de los jefes militares, la restauración del orden significaba eliminar drásticamente los conflictos que habían sacudido a la sociedad en las dos décadas anteriores, y con ellos a sus protagonistas. Se trataba en suma de realizar una represión integral, una tarea de verdadera cirugía social.

Con la pasividad de la sociedad el régimen militar pudo consagrarse a su segunda tarea: la reestructuración de la economía, de modo de eliminar la raíz que (según creían) allí tenían los conflictos sociales y políticos. José Alfredo Martínez de Hoz fue el ministro de economía que, durante los cinco años de la presidencia de Videla, condujo la transformación, sorteando oposiciones múltiples, provenientes incluso de los propios sectores militares. En su diagnóstico, el fuerte peso que el Estado tenía en la vida económica generaba en torno a él una lucha permanente de los intereses corporativos que afectaban la eficiencia de la economía, y finalmente la propia estabilidad social y política. La presencia del Estado debía reducirse, y su acción directiva tenía que ser reemplazada por el juego de las fuerzas del mercado, capaces de disciplinar y hacer eficientes a los distintos sectores. También debería reducirse la industria nacional y con ella los poderosos sindicatos industriales, que eran precisamente uno de los factores de la discordia. Un vasto plan de obras públicas, más espectaculares que productivas, habría de compensar la desocupación generada. Para lograr estos objetivos, en el primer año, el gobierno de la dictadura militar tomó una serie de medidas: intervino a la CGT y a los principales sindicatos, puso fin a las negociaciones colectivas de trabajo, prohibió las huelgas, persiguió y reprimió a dirigentes sindicales y militantes políticos, congeló los salarios por tres meses.

En este proyecto se eliminó la protección industrial y se abrió el mercado a los productos extranjeros, que lo inundaron. El Estado renunció a regular la actividad financiera y proliferaron las entidades financieras privadas, lanzadas especulativamente a la captación de los ahorros del público. En momentos en que el aumento del precio internacional del petróleo creaba una masa de capitales a la busca de ganancias rápidas, la apertura financiera permitió que se volcaran al país, alimentaran la especulación y crearan la base de una deuda externa que desde entonces se convirtió en el más fuerte condicionamiento de la economía local. Para realizar parte de las tareas de sus empresas, el Estado recurrió a empresas privadas, y algunas de ellas se beneficiaron con excelentes contratos.

Durante la dictadura la Junta Militar fue el órgano supremo del Estado. Estaba compuesta por los tres comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. El Congreso fue reemplazado por la CAL (Comisión de Asesoramiento Legislativo) que era un organismo por nueve altos oficiales, tres de cada fuerza. 

El poder Judicial seguía funcionando pero había áreas donde no tenía ingerencia. Los nuevos jueces eran obedientes al poder dictatorial y se habían producido cambios que no sólo impedían evitar sino que favorecían la represión ilegal.

Desde los embajadores hasta los intendentes de las más pequeñas localidades fueron removidos de sus cargos. Se prohibió la actividad de los partidos políticos.

Se suspendieron las actividades gremiales de los trabajadores a través de la intervención de la CGT y de la prohibición de actuar de las demás asociaciones, confederaciones y sindicatos.

Todas estas leyes de excepción inauguraron un proceso de deslegalización de la vida social, suspendiendo las garantías de aplicación de la ley común, en tanto la legalidad constituía un obstáculo a la violencia de la represión.

El trasfondo ideológico de estas modalidades políticas era la llamada "Doctrina de Seguridad Nacional". Por la influencia norteamericana y francesa, desde los años cincuenta, esta doctrina presente en la mayoría de los ejércitos latinoamericanos logró alcanzar en nuestro país un "destacado nivel y grado de aplicación".

Jorge Facundo Salguero

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