Tres A, Montoneros, dictadura militar: ¿hacia dónde marchamos?
Tres A, Montoneros, dictadura militar: ¿hacia dónde marchamos?
Por Rogelio Alaniz
"El historiador no es más que un político con el rostro vuelto hacia el pasado." Acton
PUBLICADO EN DIARIO EL LITORAL DE SANTA FE EL 20/01/2007
Puede que Kirchner esté interesado en investigar a Isabel Perón para distraer a la opinión pública o para juzgar a la mujer responsable del descalabro político de aquellos años. Sus intenciones podemos sospecharlas, pero lo importante, desde el punto de vista político, son las consecuencias de ese acto, porque lo que distingue a estos procesos es que adquieren autonomía y sus efectos pueden terminar perjudicando a sus propios promotores.
El peronismo en su versión nacional y popular tiene interés en juzgar a Isabel, considerada en su momento la expresión más nefasta de un peronismo lanzado a perseguirlos. Pero la que también está interesada en investigar lo sucedido entre 1973 y 1976 es la derecha política, y sobre todo aquellos sectores que a través de diferentes lazos están comprometidos con la gestión militar iniciada en 1976.
A veces en política los grupos más opuestos coinciden por razones diversas en algún punto. En el gobierno hay dirigentes interesados en juzgar a Isabel para ajustar cuentas con la derecha peronista; pero la derecha "liberal", por llamarla de alguna manera, esa derecha que defiende el proceso militar o lo justifica y se siente perseguida por las recientes investigaciones, está interesada, muy interesada, en que el eje de los derechos humanos se traslade hacia 1973 para demostrar que el terrorismo de Estado no fue un invento de ellos y que en todo caso ellos fueron la continuidad de una práctica que la inició el peronismo.
¿Qué busca la derecha militar? Creo que a mediano plazo la amnistía de todos los delitos. El razonamiento es simple, aunque sus consecuencias no lo sean. Si logramos demostrar -piensan- que la violencia de aquellos años se debió a determinadas circunstancias históricas en donde todos se equivocaron en lo fundamental, el paso siguiente es la amnistía, ya que una nación no puede permitirse el lujo de poner fuera de la ley a sus principales protagonistas históricos.
La derecha militar no quiere ser la única en pagar los platos rotos y, por lo tanto, apunta a comprometer a la derecha peronista en un primer paso, y luego a la guerrilla en su versión peronista y marxista. Digamos, a modo de síntesis, que se empieza con Isabel y se termina con Firmenich y Santucho. Si se llegara a ese punto la amnistía general sería la única respuesta sensata.
No hace falta ser muy imaginativo para deducir que los próximos sentados en el banquillo de los acusados serán los guerrilleros. ¿Los asesinatos de Sallustro, Larrabure, López, Viola o Gambandé, entre otros, fueron actos de justicia revolucionaria o crímenes políticos?. ¿Los asaltos a los cuarteles, la muerte de conscriptos, los secuestros extorsivos, fueron combates revolucionarios o crímenes de lesa humanidad?. ¿Sólo la presencia del Estado perfecciona al crimen de lesa humanidad o también se deben incluir en esta figura jurídica a los atentados políticos cometidos por la guerrilla?
Como bien lo sintetiza Natalio Botana en un reciente artículo, la violencia política en la Argentina de los últimos treinta o cuarenta años tuvo tres vertientes: la militar, la guerrillera y la de la derecha peronista. Lo justo, lo objetivo, es juzgar a las tres, pero la tarea no es fácil porque cada sector cree justificar sus actos con muy buenas razones.
La guerrilla no llegó a la Argentina de casualidad. Años de proscripciones y golpes de Estado fueron creando las condiciones necesarias para que una generación creyera que la única salida genuina era la violencia revolucionaria. Los actos de heroísmo que jalonaron el recorrido de las diferentes expresiones revolucionarias se contrastan con las aberraciones políticas cometidas y la alienación política e ideológica de los últimos años.
Los guerrilleros y los sobrevivientes se definen como luchadores sociales y no admiten que sus crímenes sean juzgados como tales porque para ellos no fueron crímenes sino actos de justicia revolucionaria. Los historiadores tienen por delante un interesante trabajo que realizar, pero admitamos que en principio resulta casi imposible justificar ante la sociedad que los secuestros y posteriores asesinatos de Aramburu, Larrabure o Sallustro fueron actos de justicia revolucionaria.
Siempre he sostenido, y lo sigo sosteniendo, que no es justo confundir la ética de un guerrillero con la de un torturador, pero más allá de las convicciones íntimas, admitamos que ante la norma penal y el consenso democrático esa diferenciación ética carece de relevancia jurídica. El filósofo izquierdista Oscar del Barco, publicó no hace mucho una carta en la que condena en términos durísimos el accionar guerrillero de los años sesenta. La crítica es importante porque proviene de un protagonista de esas experiencias.
Los crímenes de la derecha peronista no merecen demasiadas consideraciones. Lo que habría que agregar a lo ya dicho es que las Tres A no fueron más que el brazo terrorista de una estrategia que involucraba a un conjunto de dispositivos políticos y culturales que legitimaban el crimen desde diferentes lugares. En primer lugar el Partido Justicialista, que a través del informe oficial del senador Humberto Martiarena legalizó el exterminio de los disidentes.
Tampoco hay que olvidar que los colaboradores inmediatos de López Rega fueron los burócratas sindicales. En la Universidad el fascismo -en su versión más descarnada- se hizo cargo del poder. Ivanisevich, Ottalagano, Sánchez Abelenda, se hicieron cargo de la universidad, cesantearon docentes, designaron a los llamados celadores peronistas y las dependencias de algunas facultades se transformaron en centros de tortura. Si el exterminio ilegal lo practicaban las Tres A, la represión oficial estaba a cargo de los comisarios Villar y Margaride, antecedentes directos de la maldita policía. El órgano teórico de esta faena era el diario El Caudillo, dirigido por los peronistas Felipe Romeo y Jorge Conti. A esta galería de próceres peronistas hay que sumar a Juan Carlos Rousselot, Brito Lima, Norma Kennedy, Juan Osinde.
Se sabe que López Rega fue el responsable de las Tres A, pero existe la certeza política de que Isabel no podía ignorar lo que estaba pasando. No hace falta ser un lince en materia política para concluir que esta estrategia de terror de la derecha peronista sólo pudo ser posible porque Perón la avaló y la legitimó. Los peronistas ortodoxos podrán enojarse porque la historia salpica a su querido líder, pero ciertas verdades no tienen remedio y se me ocurre que muchos de los peronistas que hoy se molestan porque se habla de lo sucedido en 1975, colocados en la misma situación volverían a hacer lo mismo.
Sobre el terrorismo militar no me voy a extender demasiado porque ya lo he hecho en otras notas, pero está claro que la estrategia militar en 1976 renunció a la represión legal desde el momento en que asaltó a las instituciones y se inclinó por la llamada guerra sucia. Existe una relación oscura entre ciertos segmentos del peronismo y el autoritarismo militar, relación que las recientes investigaciones históricas vienen a poner en evidencia, aunque ya en su momento Alfonsín denunció ese acuerdo entre sindicalistas peronistas y militares procesistas.
Treinta años después estos temas vuelven a instalarse en el centro de la atención pública. Es bueno que la historia diga su palabra sobre los hechos; es bueno que la Justicia actúe para sancionar los crímenes, pero admitamos que desde el punto de vista político sería inviable un enjuiciamiento generalizado de todos los protagonistas de los años sesenta y setenta, por lo que la única solución razonable a mediano plazo sería la amnistía general, recurso político que a mí no me resulta del todo simpático, pero tratándose de estos temas hay que admitir que lo que a mí me parezca no tiene la menor importancia
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